La Procuraduría General de la República dice que “desconoce” la llamada de los diputados Rubén Maldonado y Henry Merán, la que se filtró a los medios y que ha sido cuestionada porque supuestamente se espío la conversación, en violación a la privacidad de los legisladores.

En un escueto comunicado de la relacionista pública de la Procuraduría, Julieta Tejeda, afirma que “por el momento no tiene elementos para determinar el origen” y sugirió a todo ciudadano afectado por espionaje telefónico poner la denuncia formal ante el Ministerio Público como establece la ley.

“Puede tener la absoluta seguridad de que denuncia formal que se deposita por ante el MP (Ministerio Público), denuncia que es investigada”, garantiza la Procuraduría a pesar de que los medios de comunicación se hicieron eco de la conversación ayer, jueves, y hoy el comunicado dice que desconocen sobre ella.

La Procuraduría aseguró, además, que el Ministerio Público “solo interviene teléfonos con autorización judicial y en el ámbito de procesos judiciales de acuerdo a los procedimientos establecidos”.

Ayer, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó como “inaceptable” la intervención de llamadas telefónicas sin que medie una orden judicial en el curso de una investigación.

“Resulta totalmente inaceptable, más aún tratándose de la figura de legisladores que están investidos por ciertas garantías dada su integración en uno de los poderes del Estado”, manifestó.

Indicó que constituye una lesión al derecho a la intimidad, protegido por el texto sustantivo en su artículo 44, asegurando que se refiere incluso a que la limitación a tal derecho solo puede darse por orden de una autoridad judicial competente limitándose a ventilar solo aquello que esté ventilándose en la justicia.

En República Dominicana son reiteradas las denuncias de espionajes telefónicos, sobre todo en campañas políticas, sin que estas no trasciendan a los tribunales.

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