Santo Domingo.- El que fuera subadministrador de Banreservas, economista José Manuel Guzmán Ibarra, afirmó este lunes que no ha cometido «ningún delito» por dar asesoría a la empresa Odebrecht, servicios por los que habría recibido una remuneración de la compañía, aunque el monto concreto lo verificará con sus contables en Panamá.

Así se lo manifestó a la prensa congregada ante la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), a la que Guzmán acudió a prestar declaración por su vinculación con supuestos sobornos pagados por la constructora Odebrecht que no se habían investigado hasta ahora.

«Hemos recibido pagos por asesoría» por parte de Odebrecht, con la cual tenía un contrato, reconoció el economista, que quiso dejar claro que no es ni ha sido funcionario público y, «en consecuencia, podía dar servicio de asesoría a cualquier empresa y recibir pago por ello».

Por lo tanto, «cualquier calificativo que le estemos haciendo a eso es extrajudicial. No hemos cometido delito, hemos prestado un servicio y hemos recibido la debida remuneración», aseveró.

Guzman dimitió de su cargo en Banreservas después de que su nombre apareciera en una investigación periodística sobre supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña, y que hasta ahora no habían sido investigados por las autoridades dominicanas.

En ese sentido, explicó que decidió renunciar al puesto que ostentaba en el mayor banco del país porque «no era justo someter a la entidad a ese riesgo» derivado de la «andanada de especulaciones surgidas» a raíz de la publicación del informe.

«Los bancos y el sistema financiero tienen que respetarse y yo entendía que era mejor para la institución y para mi poder hablar libremente, no detrás de una institución, ni poniéndola en peligro», dijo a los medios.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación denunció el presunto pago de sobornos por valor de 39 millones de dólares para hacerse con la adjudicación de las obras de la central termoeléctrica Punta Catalina, en el sur del país, una de las principales obras del Gobierno del presidente Danilo Medina.

Odebrecht no incluyó el caso de Punta Catalina en la lista de obras en las que admitió haber hecho pagos ilegales en el país, por una suma de 92 millones de dólares.

La licitación de la obra, con la que se pretende resolver el déficit energético en el país, estuvo bajo investigación, pero una comisión nombrada por Medina determinó en 2017 que el proceso se hizo «mayormente conforme a la ley» y que su precio estaba en un rango «razonable».

El pasado 27 de junio, la PGR anunció que iniciaría las investigaciones sobre esa información, por la que también han acudido a declarar al economista y empresario Andrés Dauhajre, así como al expresidente del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores de la República Dominicana Gregory Salcedo Llibre.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, no descarta presentar nuevas acusaciones con relación a este caso y no descartó volver a abrir expedientes que ya se cerraron si surgen nuevas pruebas.

Por el caso de los sobornos por valor de 92 millones de pesos que Odebrecht admitió haber pagado en el país entre 2001 y 2014, y tras un proceso preliminar de casi un año, deberán someterse a juicio seis imputados, entre ellos empresarios y políticos de primera línea.EFE